Por Vicente López Márquez
La particularidad de Isla Cristina en lo que se refiere a su enclave marítimo y fronterizo al mismo tiempo favoreció el contrabando y otros tipos de comercio ilícitos ya desde la época de la fundación. Aquel primitivo asentamiento se convirtió en un espacio de intercambio entre salazoneros, pescadores, comerciantes y marinos.
Los principales productos del contrabando de los que tenemos noticias fueron la sal, sardina y atún, así como el tabaco. El contrabando de sal desde Portugal se realizaba en lanchones, que la transportaban navegando por el estero de Canela hasta las factorías isleñas, como queda recogido en algunos documentos municipales. Cabe señalar que la sal era un producto estancado por el Gobierno y objeto de elevados gravámenes fiscales. Por otra parte, se conocen casos de capturas de sardinas que se trasbordaban en la mar desde barcos portugueses a barcos isleños. Otros bienes, como redes y demás componentes de los artes de pesca procedentes de Holanda eran trasbordados en la mar para evitar los aranceles que debían tributar a la aduana de Isla Cristina.
En esta organización participaban comerciantes de salazones y marineros locales que, si bien no eran «bandoleros», incluían el contrabando en su economía diaria. Estas actividades contaban con el amparo de las redes familiares y vecinales. Se podría pensar que este comercio ilícito permitió que algunos armadores, salazoneros y comerciantes acumularan capital, o al menos que esta actividad sostuvo la economía cuando la pesca no era suficiente. El contrabando en Isla Cristina no debió de ser, por lo general, una actividad marginal, sino un sistema económico complementario y funcional que permitía sortear las rigideces fiscales y articular una economía necesaria para la subsistencia, aunque al margen de la ley.
En el espacio entre la necesidad y la ley se enmarcaría el estraperlo, una actividad documentada desde la década de 1930 en la que las mujeres isleñas, las estraperlistas, desempeñaron un papel destacado durante la posguerra civil.
En el caso que nos ocupa, retrocedemos a la década de 1820. En aquella época, el contrabando marítimo de tabaco procedente de Gibraltar o de América era muy frecuente en el litoral andaluz. El tabaco era el principal producto afectado, adecuado para su transporte en barcas y faluchos en pequeñas cantidades. En 1824, Fernando VII restableció el antiguo Resguardo del Tabaco (antecesor del Servicio de Vigilancia Aduanera) para combatir precisamente ese contrabando, ya que suponía una grave merma para las arcas reales. En este contexto se desarrolla el episodio que relata el padre José Mirabent en su Memoria sobre la fundación y que resumimos a continuación:
El ilustre sacerdote relata que, entre las diez y las once de la noche del 24 de agosto de 1825, el Ayudante Militar de Marina, que era, a su vez, el Presidente del ayuntamiento de la Real Isla de la Higuerita, estaba dando un paseo por el muelle Ribera (hoy avenida Padre Mirabent). Durante su caminar, observó en la orilla opuesta de la ría Carreras un bote, un falucho y una lancha con muchos remos que se dirigían de forma sospechosa al caño de Tambujal. Dio orden al centinela del puerto de que diera el alto y avisara con un disparo de fusil. Como los sospechosos no atendieron, se reunió la fuerza armada disponible y, en dos lanchas, persiguieron a los que se internaban en el caño, produciéndose un tiroteo. Finalmente, apresaron dos de los tres buques, presumiblemente contrabandistas; la lancha de remos consiguió huir.
A la mañana siguiente, mientras la Junta de Sanidad decidía qué hacer con los barcos apresados y la carga incautada, entró por la barra un buque de Gibraltar armado con artillería, supuestamente avisado de lo ocurrido la noche anterior. El barco fondeó a poca distancia del muelle Ribera y, mediante un escrito, exigió que se le devolvieran las dos embarcaciones aprehendidas y la carga de tabaco. En el mal hilvanado escrito, amenazaba con que, de no cumplirse sus pretensiones, procederían a bombardear la población a cañonazos. Y así procedieron, con tres disparos de aviso, lo que sembró el terror entre los higuereteros. Unos huían despavoridos, otros se encerraban en los edificios menos expuestos y otros deambulaban espantados por las calles. En medio de este caos, se extendió el bulo de que los contrabandistas venían por tierra a incendiar la población, lo que aumentó aún más el desorden. Ante esta situación, las autoridades no tuvieron más remedio que acceder a las pretensiones de los corsarios y liberar a los contrabandistas detenidos y su mercancía. Hasta aquí lo que sabemos por nuestro ilustre cronista. Por la documentación conservada en nuestro Archivo Municipal conocemos algunos detalles más [1] . Al día siguiente del suceso, el Gobernador y Ayudante Militar de Isla Cristina, Francisco de Paula de los Senderos, envió comunicación al Capitán General de Andalucía dando cuenta de los violentos hechos. El 31 de agosto el ayuntamiento recibió acuse de recibo “de la ocurrencia habida en esa Ria el 24 y 25 del mismo, con la aprehensión de tres Buques defraudadores y la represa que de ellos hizieron los que despues se presentaron con Bandera Inglesa y armados de Artilleria”. Todo lo cual coincide con el relato del cura Mirabent.
Se instruyó entonces un expediente sobre lo ocurrido por parte de una comisión militar de orden de Capitanía General de Andalucía, la cual solicitó al ayuntamiento certificación del número de vecinos capaces para defender sus hogares, así como el número de armas de fuego y la munición disponible que existían en el momento de presentarse el buque inglés, al que denomina “Jabega corsaria” en lugar de jabeque, que es en realidad el tipo de embarcación usada para aquellos menesteres. El 11 de septiembre constestó el ayuntamiento diciendo que “a la hora que fue cometido el insulto de la chavega [sic] con bandera Inglesa” se hallaban en la costa todos los patrones, barcos y gente trabajadora empleada en la pesca no quedando en la población más que un corto número de vecinos incapaces de emprender defensa alguna y que no había más armas ni munición que las tres escopetas empleadas en el día del suceso.
Aún así, el 7 de noviembre de 1825 el ayuntamiento isleño recibió una comunicación de la Capitanía General de Andalucía en relación con los dos barcos de contrabando aprehendidos el 24 y 25 de agosto para que se presentase ante el instructor del caso el Interventor Sales de la Isla de la Higuerita, Manuel Pantiga y el criado del Administrador de Sales, que acompañó en la citadas fechas en su declaración.
Y hasta aquí podemos contar. Como consecuencia de aquel violento y humillante episodio, pocos meses más tarde se promovió la instalación de una batería, un pequeño fortín que los isleños denominaron «el castillo», mediante Real Orden del 28 de marzo de 1826.
[1]
AMIC, leg. 135. Correspondencia.
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